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¿Y los niños bajacalifornianos, qué?

Ante la suspensión de clases iniciada por la sección 37 del SNTE en B.C. COPASE sostiene la posición de un rotundo No al paro, fundado en que los alumnos merecen contar con una educación por ciclos completos y de calidad. Los educandos no deben ser considerados como rehenes para solucionar conflictos laborales.

La educación de los alumnos es un derecho primigenio sobre cualquier derecho laboral. Además, cabe destacar que la gran mayoría de los maestros y personal en servicio se les paga puntualmente sus salarios y prestaciones; por lo que no se justifica un paro de labores porque afecta sensiblemente la educación de los educandos y trastorna la vida cotidiana de los padres de familia.

 La situación que se vive en el Sistema Educativo estatal, no es sino, una serie de desaciertos y complicidades dentro del sector; ya que durante años se ha venido gestando esta situación en detrimento de la calidad de educación en nuestro estado.

COPASE reitera al Gobierno del Estado de B.C., la necesidad apremiante de llevar a cabo con cara a la sociedad:

  • La realización de un estudio exhaustivo y dictamen por parte de un consultor independiente sobre las causas y factores del mal manejo de la nómina que generaron la debacle financiera del Sistema Educativo Estatal y las posibles líneas de acción para su solución del sistema de Seguridad Social ( pensiones y jubilaciones).
  • Un plan de corto, mediano y largo plazo para amortizar y finiquitar los adeudos, soportado por el estudio previo y…
  • Promover la participación de los sectores sociales en la gestión y consecución de los recursos necesarios ante las instancias que corresponda.

Ahora bien, es necesario puntualizar que la responsabilidad no es de la presente administración estatal pero sí de resolverla. Ya no tenemos el lujo ni los recursos públicos de perder más tiempo en posturas simuladas, promesas incumplidas  y respuestas parciales, estamos obligados a implementar con urgencias  soluciones de fondo y medibles. Sobre el tema, aún queda pendiente una respuesta clara y contundente de las autoridades educativas a las conclusiones emitidas en el estudio CEMABE 2013 publicado por INEGI en relación a que existen 7,217 personas – irregulares- detectadas en la nómina estatal y de resulta cierto, se sancione comforme a la ley  a los funcionarios que han desviado los recursos de la educación.

COPASE exhorta a las partes a reanudar  las clases escolares y  el diálogo  para resolver las diferencias y siempre ante poniendo el interés superior de la calidad de educación que se merecen y necesitan los niños y jóvenes bajacalifornianos.

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